Protección Social

Propuestas

1. Ingreso Ciudadano: Extensión de la Asignación Universal por Embarazo y la Asignación Universal por Hijo. Queremos asegurar un piso mínimo de ingresos a todas las familias con hijos, con actualización automática de los montos, que sea un derecho de la niñez y que no se use de forma discrecional. Hoy más de un millón de chicos no tienen asegurada esta transferencia porque sus padres están inscriptos como monotributistas o porque no cumplen con alguna otra de las condiciones estipuladas en la normativa. 
2. Ingreso Universal para Adultos Mayores. Crearemos un ingreso ciudadano para la vejez, que asegure un piso de ingresos a todos los adultos mayores. Es una necesidad, porque hoy uno de cada tres trabajadores no cuenta con un empleo formal que le garantice el acceso a una jubilación en el futuro. Al mismo tiempo cubriremos el 100% del costo de los medicamentos de aquellos jubilados que cobren la mínima y no tengan otras fuentes de ingresos. Por último, para aquellos de mayor edad que viven solos o que necesitan cuidado y acompañamiento para desenvolverse en su vida cotidiana, pondremos a disposición cuidadores domiciliarios profesionales. 
3. Red Nacional de Centros de Primera Infancia. Abriremos 4.000 centros de primera infancia (CPIs) en localidades urbanas de todo el país (1.000 en el Gran Buenos Aires y 1.000 en el Norte) para que 400.000 niños menores de tres años en condiciones de vulnerabilidad social tengan la atención, alimentación y estímulo necesarios para desarrollarse plenamente. 
4. Presencia urgente del Estado en lugares de pobreza extrema. Durante los primeros seis meses llevaremos a cabo un plan intensivo en los principales lugares del país con población encondiciones de pobreza extrema. Intervendremos a través de unidades móviles con equipos inter disciplinarios y en coordinación inter ministerial atendiendo las necesidades más urgentes en materia de salud, nutrición e infraestructura. 
5. Red Nacional de Protección contra la Violencia de Género. Aseguraremos la puesta en marcha de una red de refugios para mujeres víctimas de violencia en situación de alto riesgo y sus hijos y asesoramiento legal en convenio con gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil.
6. Puesta en marcha de un plan nacional para la prevención y asistencia a las adicciones. Garantizaremos la atención mediante redes territoriales que articulen recursos de salud, desarrollo social y otros efectores comunitarios. Retomaremos los estudios epidemiológicos para contar con datos claros que permitan definir y evaluar las políticas a implementar.

Ingreso Ciudadano: Extensión de la Asignación Universal por Embarazo y la Asignación Universal por Hijo. 

El sistema contributivo de protección social en Argentina ha dejadode ser efectivo. Un tercio del empleo privado se encuentra no registrado y el 31,9% de la población no cuenta con ningún tipo de cobertura de salud, aspectos que, sumados a los crecientes niveles de pobreza y extensión de las vulnerabilidades, dejan expuestos a numerosos sectores de la población.

Si bien no contamos con datos oficiales sobre los niveles de pobreza, estimaciones privadas dan cuenta de que a pesar de las políticas sociales inclusivas de la última década todavía uno de cada tres menores de 18 años se encuentra es pobre. Esta tasa supera significativamente a la de la población general, lo que pone de relieve que en Argentina se ha reproducido el fenómeno de infantilización de la pobreza característico de la estructura social de América Latina.

De los 12,3 millones de menores de 18 años, alrededor de 1,8 millones no están incluidos en ninguno de los sistemas de protección social para menores: asignaciones familiares formales, asignación universal por hijo o deducción de impuesto a las ganancias. 

Esto obedece a que los criterios establecidos para recibir la Asignación Universal por Hijo dejan por fuera a varios sectores de la población: a los desocupados que perciben planes sociales incompatibles; a los que, perteneciendo al sector informal y doméstico, declaren tener un salario superior al mínimo vital y móvil; a los monotributistas (excepto los monotributistas sociales); y a los niños, niñas y adolescentes que asisten a establecimientos educativos de gestión privada. Además, estos mismos criterios implican menor protección para las familias que tengan más de cinco hijos/as.

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo de Protección Social se fundamentan en criterios basados en la situación laboral de los padres. En su diseño e implementación, la AUH reafirma la condición de informalidad laboral de gran parte de la población argentina. Nuestra propuesta surge de la necesidad de alcanzar una política de protección social universal que otorgue cobertura ante los riesgos sociales a toda la población en base a su condición de ciudadanía sin desincentivar el empleo formal y de pleno derecho entre las personas económicamente activas.

Propuesta

Proponemos instituir con carácter nacional y obligatorio una asignación universal para todos los menores de 18 años cuyo grupo familiar no perciba ninguna otra asignación de las establecidas en la Ley 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares) ni se vea beneficiado por deducciones impositivas por menores a cargo, garantizando la percepción de un ingreso ciudadano a todos los niñas, niños y adolescentes independientemente de la situación laboral de sus padres. 

Esperamos alcanzar con esta propuesta a más de un millón de niños que hoy no reciben asignación familiar por ser hijos de monotributistas o porque no cumplen con alguna otra de las condiciones estipuladas en la normativa. La asignación será complementada con un conjunto de incentivos que promuevan la incorporación de los mayores responsables al empleo formal con diversas acciones:

• Crear un registro único de beneficiarios de planes sociales y obligatoriedad del Ministerio de Trabajo de presentar ofertas de empleo a los inscriptos en ese registro 
• Seguimiento e incorporación a la Red de Protección Social a partir de un equipo de trabajadores sociales de referencia 
• Segmentación de los problemas de empleo de postulantes y/o beneficiarios a las AUH diseñando acciones específicas para desempleados varones y mujeres inactivas 
• Coordinación con otras políticas como la Red Integral de Cuidados, los centros de primera infancia, y la doble escolaridad primaria para facilitar la entrada de la mujer al mercado de trabajo 
• Servicios de capacitación y autoempleo 
• Una estrategia que combine fiscalización y sanciones para presionar el blanqueo de los trabajadores con estímulos crediticios, moratorias y deducciones impositivas 
• Un sistema de actualización automática de los montos de la prestación que sirva de protección ante la pérdida de poder adquisitivo derivada de los altos niveles de inflación registrados en los últimos años 
• Evaluación de impacto y monitoreo de las transferencias a través de una evaluación anual rigurosa, objetiva y confiable realizada por auditores externos e independientes 
• Sistemas de registro informatizados para la acreditación de la escolaridad y la certificación de salud que permita un seguimiento objetivo de las condicionalidades

2. Ingreso Universal para Adultos Mayores.

Los indicadores de envejecimiento de la Argentina muestran que en 2010 la población de 65 y más años superaba los 4 millones de personas, representando el 10.5% de la población. En 2025 ese porcentaje se estima que crezca a 12.7%. Al mismo tiempo, aumenta la participación de aquellos que ya han superado el umbral de los 75 años, que es el que se considera el tramo de la “vejez frágil”. Estas tendencias poblacionales indican que el número de personas de la tercera edad va a continuar aumentando. 

Esto implica, por una parte, una importante presión sobre los sistemas previsionales y, por otro lado, una creciente demanda de servicios gerontológicos de salud y de políticas alternativas o complementarias de la jubilación. Entre los adultos mayores, según datos de la Cámara de Diputados, la incidencia de la pobreza es menor que en el resto de la población (4,7%). Además, la cobertura de salud es casi total. 

Sin embargo, las tendencias que han registrado el mercado de trabajo y el sistema previsional durante las últimas décadas plantean a futuro un escenario de creciente demanda de intervención social.  La proporción de los adultos mayores de 65 años y más que no percibe jubilación ni pensión es del 7.01%. Si bien las moratorias previsionales de los últimos años permitieron una extensión significativa de la cobertura, en particular para los grupos más pobres, el esquema presenta algunas fallas. 

Primero, el proceso inclusivo no ha sido universal. Casi un 10% de los adultos mayores no está cubierto, sin que se conozca la razón. 

Segundo, se puede cuestionar su eficiencia. Es decir, si no se hubiera podido lograr un impacto similar a un menor costo. La moratoria previsional “no fue diseñado con el objetivo específico de incluir en el sistema a los adultos mayores que no tenían acceso a otros beneficios, sino que habilitó la posibilidad de obtener un beneficio previsional a cualquier persona que cumpliese con los requisitos de edad y no lo hubiese recibido hasta entonces. Como consecuencia, la moratoria permitió la inclusión de los grupos más pobres y vulnerables, pero también la de quienes tenían otros ingresos o, incluso, un beneficio previsional, así como de los cónyuges de éstos”.

Tercero, uno de los resultados encontrados por una evaluación de impacto sugiere que la moratoria previsional provocó una disminución de 2.5% en el trabajo formal femenino. En otras palabras, la moratoria habría incitado a algunas mujeres trabajando en el sector formal a jubilarse de manera anticipada. En todo caso, sin cambios, se anticipa que el nivel de cobertura del sistema de jubilaciones y pensiones se deteriore nuevamente con el tiempo, principalmente por los requisitos de elegibilidad exigidos y las dificultades de desarrollo del mercado de trabajo formal. 

Por otro lado, cabe subrayar que la extensión de la cobertura tuvo lugar en un contexto de moderada presión demográfica. Eso cambiará significativamente en las próximas décadas: en un contexto de envejecimiento poblacional, mantener o extender aún más ese nivel de cobertura generará una mayor presión sobre los recursos públicos necesarios para su financiamiento.

Propuesta

Proponemos la creación de un ingreso ciudadano para la vejez que garantice un piso mínimo de ingresos a todos los adultos mayores, sin comprometer los derechos adquiridos por aquellos que realizaron sus aportes ni los de las futuras generaciones de jubilados. 

Al mismo tiempo, proponemos una serie de iniciativas enfocadas en mejorar la calidad de vida de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social y simplificar el acceso a las prestaciones:

• Asegurar el 100% de cobertura de medicamentos a los afiliados al PAMI que reciban la jubilación mínima y no cuentan con fuentes de ingresos adicionales. 
• Programa de Atención Gerontológica Domiciliaria con personas capacitadas al efecto, que consistirá en un programa individualizado, de carácter preventivo, educativo, asistencial y rehabilitador para los adultos mayores que requieran atención personal en su domicilio.
• Centralizar el otorgamiento de todas las prestaciones a los adultos mayores en ventanillas únicas de la Secretaría Nacional de Adultos Mayores, ubicadas en todos los organismos efectores vinculados (ANSES, PAMI, etc.).
• Favorecer las condiciones de vivienda digna para los AM que lo necesiten.

3. Red Nacional de Centros de Primera Infancia.

Nacer en un hogar pobre significa:

• Tener menos posibilidades de supervivencia durante los primeros años de vida. 
• La posibilidad de un desarrollo deteriorado como efecto de una alimentación insuficiente. 
• Un acceso más restringido a los servicios de salud. 
• Una menor capacidad por parte de los adultos de hacer frente a los momentos en que los niños requieren de mayor atención. 

A su vez, el desarrollo de las potencialidades físicas y emocionales de los niños se vincula necesariamente con la garantía del acceso a las instituciones dedicadas a la salud y a la educación, por lo que la desvinculación de estas instituciones refuerza la vulnerabilidad a la que éstos están expuestos. 

Los primeros años de vida influyen fuertemente en el posterior desarrollo de los individuos, tanto en sus aspectos físicos (es esencial acceder a una buena nutrición y a controles médicos) como emocionales y cognitivos (cobran relevancia la estimulación temprana, los servicios de educación inicial y las relaciones que se establezcan entre quien cuida y quien es cuidado). Por eso, resulta crucial desarrollar políticas públicas de organización social del cuidado infantil.

La posibilidad de acceder a servicios de cuidado de calidad difiere entre los grupos sociales. De ahí se desprende que el origen social pesa en las posibilidades de desarrollo futuro, en especial en sociedades no igualitarias como la Argentina. Asimismo, es importante señalar que los niños en situación de pobreza representan el inicio de la desigualdad futura. Es de destacar que el 45% de los chicos nacen en hogares del 1o quintil y el 24% en los del 2o quintil. De lo anterior se desprende que el casi el 70% de los niños nace en hogares del primer y segundo quintil de ingresos. 

Según datos del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, la educación inicial de los niños menores de 3 años no alcanza los dos dígitos. Las chances de inclusión son significativamente mayores en el 25% del estrato social más aventajado que en el 25% inferior. 

Entre los primeros se registra 1,6 veces más chance de asistir a un centro educativo que entre los segundos. 

Si se analiza la situación de los niños de 3 años, cabe señalar que solo el 42,0% de los niños de 3 años asisten al jardín de infantes y en los hogares de menores ingresos la asistencia es considerablemente menor que en los de mayores: 28,8% (1Q) frente a 73,4% (5oQ) incrementando las desigualdades de origen. 

En relación al grupo de 4 años esta situación mejora: el 81% de los niños y niñas asiste. Pero en este sentido también se presentan grandes diferencias: la no asistencia de este grupo se explica por la situación de niños de hogares de bajos ingresos. En efecto, asiste casi la totalidad de los niños del 5oQ mientras que uno de cada cuatro niños del 1oQ no lo hace. 

Queda claro entonces que aún cuando en el país la cobertura de la escolaridad primaria sea casi universal, todavía persisten desigualdades en el acceso de los menores de 3 y 4 años al sistema escolar, que si bien no es obligatorio, es de vital importancia para apoyar a las familias en tareas de cuidado de los niños, compensar el déficit cultural y educativo en que transcurre la niñez de los más pobres e incorporar estructuras cognitivas de utilidad para el futuro ciclo escolar. Si en la década pasada el objetivo fue el de extender el preescolar a los niños de 5 años, ahora la nueva meta de la política social debería ser la extensión universal de la escolaridad para los niños de 3 y 4 años. 

Por ello resulta necesario asegurar el desarrollo de un sistema público de educación y cuidado infantil que reduzca las inequidades, promoviendo un acceso universal de calidad independientemente de la posición social de quienes requieren los servicios de cuidado. En especial, la problemática del cuidado infantil asume dimensiones de gravedad en contextos de alta pobreza, y se encuentra atravesada por una perspectiva de género que llama la atención sobre el desigual peso de estas tareas sobre las mujeres y las consecuencias que esto implica en materia de mayores dificultades a la hora de insertarse en el mercado de trabajo y capacitarse. 

Así, las políticas públicas de organización social del cuidado infantil cobran relevancia, también, como un instrumento central en la lucha contra la pobreza infantil. 

En definitiva, los primeros años de vida son fundamentales porque en esa etapa se estructuran las bases cognitivas y afectivas esenciales para el desarrollo psicobiosocial de los seres humanos.  Toda la inversión pública que se realice en estas fases tempranas en salud, nutrición, formación, protección social garantiza retornos éticos, sociales, culturales, económicos y políticos en el futuro inmediato, ya que contribuye a generar ciudadanos sanos, con capacidades para el aprendizaje individual y social, integrados, tolerantes de las diferencias culturales e inclinados a compartir códigos socio-culturales comunes que en definitiva fortalecerán la dinámica política democrática. 

Propuesta

Queremos hacer efectivos los derechos de la infancia y asegurar la promoción y protección integral de los derechos de niños y niñas en situación de vulnerabilidad social, creando las condiciones adecuadas para que se desarrollen saludablemente en los aspectos físico, socio-afectivo y lingüístico-cognitivo. 

Para ello proponemos desarrollar una red de 4.000 centros de primera infancia (CPI) que cubra a 400.000 niños menores de 3 años bajo la línea de pobreza en todo el país.

La red de centros de primera infancia será complementada por juegotecas, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes desde el abordaje de la actividad lúdica creativa, en el marco de un espacio significativo para ellos y la comunidad. En ambos casos la gestión se llevará a cabo en conjunto con gobiernos locales, organizaciones sociales e instituciones comunitarias.

Será responsabilidad del gobierno nacional la definición de estándares de calidad comunes aplicados a todos los efectores, como así también la capacitación y monitoreo en las distintas etapas de implementación. La propuesta será respaldada por una activa política de comunicación sobre habilidades parentales, cuidados y beneficios de asistencia a CPI.

4. Presencia urgente del Estado en lugares en situación de pobreza extrema.

La Argentina todavía tiene poblaciones en situación de pobreza extrema que requieren asistencia e intervención social urgente y en dimensiones múltiples. Muchas de ellas presentan indicadores muy por debajo de la media del país en términos de desnutrición y mortalidad infantil, incidencia de enfermedades infectocontagiosas, ausencia de agua potable y conexión a red cloacal, aislamiento y condiciones habitacionales altamente deficitarias.

Estas condiciones afectan de manera desproporcionada a pueblos originarios, razón por la cual proponemos una política integral de mediano y largo plazo destinada a reparar las condiciones de pobreza estructural que afectan a estas comunidades.

Propuesta

Un plan intensivo para los primeros seis meses de gobierno de alivio rápido a poblaciones en situación de emergencia social apoyada en:

• Creación de unidades móviles de intervención multi disciplinaria.
• Reconversión de los centros de integración CIC y CDR.
• Abordaje integral de la problemática con equipos profesionales de todos los ministerios. 

A su vez, se contempla una propuesta integral orientada a reparar la deuda histórica que mantiene el Estado Nacional con comunidades de pueblos originarias a través de las siguientes acciones:

• Relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades. 
• Censo de las comunidades de pueblos originarios.
• Programa de acceso a la propiedad de la tierra y fomento de producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal. 
• Potenciación del Programa de Apoyo a la Educación Intercultural Aborigen. 
• Impulso a la participación de las comunidades en el diseño y gestión de las políticas de Estado que las involucran, respetando sus formas de organización tradicionales. 
• Programa de Trabajadores Sociales de Referencia para todas las familias de las comunidades de pueblos originarios. 
• Juegotecas fijas y ambulantes con alcance a la población infantil de las comunidades de pueblos originarios. 
• Centros de cuidado de calidad para un pleno desarrollo de niños y niñas de 0 a 3 años en las comunidades ubicadas en zonas urbanas y semi urbanas. 

5. Red Nacional de Protección contra la Violencia de Género.

En 2014 277 mujeres fueron asesinadas en la Argentina en casos de violencia de género. En 2009, 275 mil mujeres sufrieron golpes en casos que no estuvieron vinculados a robos, y posiblemente, estén relacionados con violencia social o de género de acuerdo a la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del 2009.

En nuestro país, de acuerdo a la base de datos del Sistema de Vigilancia de Lesiones del Ministerio de Salud, el 25% de los pacientes atendidos debido a lesiones por agresión son mujeres. El 21% de las lesiones por agresión de mujeres fueron causadas por su actual o ex pareja, aunque ese porcentaje puede ser mayor, ya que hay casos que prefieren no informar el autor.

Algunas provincias, en particular del Norte, que tienen bajas tasas generales de homicidios, presentan una alta proporción de homicidios de mujeres, lo cual puede ser un indicador de alta proporción de femicidios.

Desde la sanción ley 26.384 se rescataron del círculo de trata 6.757 víctimas. 

Propuesta

Proponemos la creación de una Red Nacional de Protección contra la Violencia de Género en convenio con gobiernos provinciales, municipales y/o OSC que garantice: 

• Alojamiento (refugio/hogar) para mujeres víctimas y sus hijos/as en situación de riesgo alto.
• Línea telefónica gratuita. 
• Equipos de asistencia integral. 
• Patrocinio jurídico gratuito. 
• Estrategia de sensibilización y capacitación. (En todos los niveles educativos, a los equipos de salud, fuerzas de seguridad y justicia). 

Inclusión en todos los programas de formación provincial contenidos referidos a género y violencia de género.

6. Puesta en marcha de un plan nacional para la prevención y asistencia a las adicciones. 

La Argentina no dispone de información epidemiológica actualizada. Los últimos datos disponibles, que corresponden al año 2011, dan cuenta de una edad de inicio en el consumo cada vez menor.

Las sustancias legales son las de mayor prevalencia de consumo en la población (70% alcohol y 47% tabaco). Además, se ve un alto porcentaje de la población con consumo perjudicial de alcohol (13%).

Por otra parte, existe un aumento de la disponibilidad de drogas ilícitas. El 70% de adolescentes afirma que es fácil conseguir drogas.Al mismo tiempo, se han desarticulado las acciones entre la Nación y las provincias, y se ha disuelto el Consejo Federal de Drogas.

Otra de las situaciones que se presenta es la baja tasa de accesibilidad a los tratamientos (tan sólo el 10% de los que lo solicitan). 

Hay una marcada ausencia de estrategias de atención desde el Ministerio de Salud de la Nación, escasas redes locales de atención, falta de control de calidad de tratamientos y de RRHH acreditados. 

Por último, en nuestro país no existe una estrategia nacional de prevención ni un PLAN NACIONAL INTEGRAL según recomendaciones de Organismos Internacionales (OEA, OMS, etc.).

Propuesta:

• Jerarquizar el Observatorio Argentino de Drogas y rearmar el Consejo Científico Asesor. De acuerdo a los lineamientos y acuerdos internacionales, es imprescindible volver a contar con información diagnóstica y basar las políticas en evidencias. 
• Fortalecer el rol articulador y coordinador de la SEDRONAR, en la definición de un Plan Nacional de Drogas. Integrar políticas públicas entre Nación y Provincias; rearmar el COFEDRO (Consejo Federal de Drogas). Articular las políticas públicas y sus acciones con las ONGs y entre diferentes ministerios, especialmente salud, educación y desarrollo social.
• Profundizar la reducción de la demanda. Reducir el porcentaje de población con consumo problemático de sustancias. Trabajar estrategias preventivas desde la primera infancia. 
• Garantizar el acceso universal al tratamiento de los problemas de adicciones (cubrir toda la demanda de tratamiento de la población sin cobertura). Armar redes de atención con inserción local integrando Recursos Sanitarios Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil. Realizar estrategias de capacitación y acreditación de RRHH. 
• Diseñar y ejecutar un Plan Nacional quinquenal. Se elaborará y ejecutará un Plan Integral Consensuado integrando actores representativos de todas las provincias, de los diferentes Ministerios y de la Sociedad Civil.